En enero de 2025 empieza a aplicarse la ley sancionada por el Parlamento Europeo el año pasado que busca combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Obliga a las empresas que vendan a ese mercado a garantizar que sus productos no hayan provocado deforestación ni degradación forestal. La norma prevé serias penalidades. Argentina y Brasil, pidieron que se demore su entrada en vigencia
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